El pasado 17 de octubre de 2023, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Supremo, a través de la Sentencia nº 4480/2023, desestimó el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Moià (Barcelona) frente a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en julio de 2020, que señalaba el enriquecimiento injusto del consistorio y la obligación de pago de los servicios prestados por un abogado ; todo ello, pese a la falta de formalización del oportuno contrato.

En este sentido, el mencionado pronunciamiento analiza los supuestos de contratación irregular -ya sea verbal o prescindiendo del procedimiento establecido en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)- y unifica doctrina respecto a los elementos que deben concurrir para identificar los supuestos de enriquecimiento injusto por parte de la Administración.

Concretamente, la Sentencia analiza los pronunciamientos de otras resoluciones del orden civil y contencioso-administrativo, fijando los siguientes requisitos:

 

    • Que exista un incremento patrimonial o ventaja del enriquecido – en este caso, la Administración-, abocado a producir efectos definitivos.
    • Que concurra un correlativo empobrecimiento del contratista.
    • Relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento, de forma que éste sea el efecto de aquél.
    • Ausencia de justificación de ambos.
    • Ausencia de mala fe por parte de la contratista a la hora de reclamar los servicios prestados. 

En el caso analizado por el Tribunal Supremo, el contratista reclamaba una serie de facturas relacionadas con servicios de asistencia y defensa letrada del ayuntamiento en diversos procedimientos administrativos y judiciales, respecto a los cuales no existía el oportuno contrato.

En este sentido, el Tribunal Supremo concluye la concurrencia de todos los requisitos antes mencionados, pues la prestación de dichos servicios dio lugar a un empobrecimiento del contratista, que realizó una serie de trabajos sin percibir ninguna retribución, y a un correlativo enriquecimiento del ayuntamiento, que se benefició de tales servicios sin abonar contraprestación alguna.

Cabe destacar, además, que los anteriores servicios se hicieron sin que existiera contrato o justificación alguna que obligara al contratista a la relación contractual, prescindiéndose de los requisitos establecidos en la LCSP.

Finalmente, la sentencia analizada concluye la ausencia de mala fe en la conducta del contratista al entender que el trabajo realizado no fue de carácter espontáneo, pues existía diversa documentación relativa al importe de los servicios, que el ayuntamiento no había impugnado a través de ningún mecanismo, omitiendo su obligación de pago.

La sentencia analizada unifica las bases para que determinados contratistas puedan formular una reclamación frente a la Administración en aquellos supuestos de contratación irregular donde concurran los requisitos del enriquecimiento injusto.

Puedes descargar la sentencia aquí.