Recientemente, se ha iniciado la tramitación en la Comisión Europea de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la transparencia e integridad de las actividades de calificación de la sostenibilidad ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés).
El proyecto forma parte integrante de la estrategia renovada de finanzas sostenibles de la Comisión Europea, adoptada en julio de 2021.
Según indica la propuesta, dado que las calificaciones ESG y los datos subyacentes se utilizan para tomar decisiones de inversión y asignar capital, el objetivo general de la iniciativa es mejorar la calidad de las calificaciones ESG para permitir a los inversores tomar decisiones de inversión con mayor conocimiento de causa en relación con los objetivos de sostenibilidad.
También permitirá a las entidades calificadas tomar decisiones con conocimiento de causa sobre la gestión de los riesgos ESG y la repercusión de sus operaciones. Al mismo tiempo, es fundamental fomentar la confianza en las operaciones de los proveedores de calificaciones ESG asegurando que el mercado funcione correctamente y que los proveedores de calificaciones ESG eviten y gestionen los conflictos de intereses.”
Actualmente no existe un régimen jurídico a escala de la UE para las calificaciones ESG. De esta forma, el proyecto no pretende armonizar las metodologías para el cálculo de las calificaciones ESG, sino aumentar su transparencia.
A tal efecto, se establecen como objetivos mejorar la calidad de la información sobre las calificaciones ESG, mediante i) la mejora de la transparencia de las características y metodologías de las calificaciones ESG, y ii) la garantía de una mayor claridad en relación con las operaciones de los proveedores de calificaciones ESG y la prevención de los riesgos de conflicto de intereses en el seno de los proveedores de calificaciones ESG.
Este marco regulador estaría en consonancia con el enfoque adoptado para otros participantes en los mercados financieros y con la legislación pertinente, por ejemplo, el Reglamento sobre los índices de referencia de la UE, el Reglamento sobre las agencias de calificación crediticia y la propuesta relativa al estándar de bonos verdes europeos, que prevén una supervisión permanente y establecen una serie de requisitos organizativos y requisitos relativos a los procesos y documentos de gobernanza.
