Con fecha 18 de enero de 2023 la Oficina de Prensa del Tribunal Constitucional publicó la nota informativa nº6/2024 en la que adelanta parte del contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional aún pendiente de publicación que declara la inconstitucionalidad de determinadas medidas en el Impuesto sobre Sociedades que habían sido introducidas por el Real Decreto-ley 3/2016.

En este sentido, el Tribunal considera que la aprobación de dichas medidas por el Real Decreto-ley ha vulnerado el artículo 86.1 CE, pues mediante dicho instrumento normativo no se puede “afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I”. En concreto, estima afectado el deber de contribuir el sostenimiento de los gastos públicos que establece el artículo 31.1. CE.

En concreto, las modificaciones del IS enjuiciadas son las siguientes:

    • La fijación de topes más severos para la compensación de bases imponibles negativas.

    • La introducción ex novo de un límite a la aplicación de las deducciones por doble imposición.

    • La obligación de integrar automáticamente en la base imponible los deterioros de participaciones que hayan sido deducidos en ejercicios anteriores.

Las dos primeras medidas solo son aplicables a las grandes empresas, mientras que la tercera puede afectar a cualquier sujeto pasivo del IS.

Al igual que se apreció respecto del Real Decreto-ley 2/2016, se concluye que los preceptos cuestionados han tenido, en conjunto y aisladamente considerados, un impacto notable en elementos estructurales de una pieza fundamental del sistema tributario como es el IS, afectando a la esencia del deber de contribuir de los obligados por este tributo, por lo que deben declararse inconstitucionales y nulos.

Por otro lado, por exigencias del principio de seguridad jurídica, la sentencia declara que no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en ella aquellas obligaciones tributarias devengadas por el impuesto sobre sociedades que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. Tampoco podrán revisarse aquellas liquidaciones que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse la sentencia, ni las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada a dicha fecha. Se limitan así sus efectos hacia el pasado, en los mismos términos que hizo el Tribunal en la STC 18/2021, sobre la plusvalía municipal.

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